El Partido Comunista Colombiano hace un llamado a tomar conciencia de que la solución política para la paz exige punto final definitivo al Plan Colombia (Solidnet).

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5 de febrero 2016

El Partido Comunista Colombiano hace un llamado a tomar conciencia de que la solución política para la paz exige punto final definitivo al Plan Colombia

Los aparatos ideológicos y mediáticos del Estado anuncian con estridencia la celebración en Washington de los 15 años del Plan Colombia. A la comitiva oficial encabezada por el presidente Santos renunció Álvaro Uribe, con el pretexto de que el actual proceso de paz es el final de dicho plan por la entrega del país a la guerrilla. Uribe, el máximo ejecutor, se excluye del ágape como parte de su campaña contra la paz.

Desde el punto de vista de la izquierda antiimperialista no hay nada qué celebrar. El Plan Colombia es uno de los proyectos de sometimiento con perspectiva de anexionismo más insólitos de la historia contemporánea. Se trata de una ley de los Estados Unidos de carácter extraterritorial que le fue impuesta al país con la anuencia de los gobernantes del bipartidismo sin el más mínimo escrúpulo en términos de violación de la soberanía nacional. Cabe una responsabilidad principal a los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

El Plan Colombia significó el escalamiento y la intensificación de la guerra contrainsurgente en el país y en la región. Mediante las fumigaciones, la erradicación forzada y los operativos militares se ampliaron los escenarios de la guerra y se generalizó la persecución, la delación a cambio de dinero, la afectación a los cultivos de pancoger en territorio nacional y en países fronterizos, la violación de la soberanía de Ecuador mediante bombardeo, la detenciones extraterritoriales a espaldas de las autoridades legítimas de los vecinos soberanos. La llamada “seguridad democrática” fue la expresión más violenta, represiva y antidemocrática de la aplicación del Plan Colombia.

Es que el Plan Colombia ha sido la carta de intención más desembozada de alianza político militar de la oligarquía colombiana con el imperialismo para modelar el país según los intereses del gran capital transnacional y su proyecto geopolítico. Con el pretexto de la acción contra las drogas y de reducir en un 50% la producción de narcóticos el Plan implicaba una adaptación e institucionalización del modelo económico y social a los esquemas neoliberales y a las líneas del libre comercio agenciadas por Estados Unidos. La adecuación del sistema judicial, de la política antidrogas, la destinación del Ejército nacional y del conjunto de las fuerzas militares y de policía a la guerra a la droga siempre supuso la malintencionada confusión de la insurgencia con el narcotráfico.

El sentido político profundo del Plan Colombia es su vocación contrainsurgente. El Ejército concentrado en la acción contra las FARC EP, el ELN, el EPL, la expansión disimulada de la estrategia paramilitar, la militarización extendida de nuevas regiones, el traspaso de los presupuestos de inversión a los comandantes con desconocimiento de las autoridades electas caracterizan el llamado Plan de Consolidación (2007) como desarrollo de una segunda fase en el escalamiento de la guerra y la generación de una lógica de “paz territorial” heredera de la guerra (2014).

Los Planes Patriota y Espada de Honor complementaron sin máscara ninguna la esencia antiguerrillera y el creciente choque de los operativos del aparato militar del Estado con la población civil (campesinos, indígenas, afro, pobladores) en distintas “zonas de consolidación”. La presencia e inspección permanente del Comando Sur sobre el desenvolvimiento de la guerra, incluida su directriz de “diálogo en medio de la guerra” son formas inaceptables de intervencionismo militar y político en la vida interna de Colombia que desnuda el servilismo de sus gobernantes.

El despliegue de armamentismo y tecnología, la mercenarización de la guerra, la participación de personal estadounidense en bombardeos como el del caserío de Santo Domingo, en Arauca, donde perecieron 17 civiles o los abusos de los soldados yanquis en la violación de menores de edad entre otros casos quedan en la impunidad porque quienes delinquen en esas operaciones por ser estadounidenses gozan de inmunidad diplomática (¡!) según el Tratado Bilateral suscrito en 1952 por el gobierno violento de Roberto Urdaneta Arbeláez y que permanece vigente, para vergüenza e indignidad del país. Por lo menos 50 mil colombianos han muerto bajo la vigencia del Plan Colombia. Entre ellos deben contarse los “falsos positivos” que aún hoy han seguido aconteciendo.

El Partido Comunista Colombiano hace un llamado a tomar conciencia de que la solución política para la paz exige punto final definitivo al Plan Colombia. El gobierno de Estados Unidos debe indemnizar a miles de víctimas sobrevivientes de los bombardeos, las fumigaciones, el desarraigo y el desplazamiento forzado.

Parte esencial de la finalización de la guerra es poner fin al orden contrainsurgente inspirado en la Doctrina de la Seguridad nacional de los Estados Unidos, alimentado por el anticomunismo y las prácticas del terrorismo de Estado. Deben pasar a revisión y a denuncia los tratados de asistencia militar entre Colombia y Estados Unidos que siguen rigiendo. No más “enemigos internos” como política y práctica de persecución de disidentes. En igual sentido debe revisarse y denunciarse el Tratado de Libre Comercio bilateral que tanto perjuicio trae a pequeños y medianos productores.

En lugar de un nuevo Plan Colombia cuya intencionalidad es engrillar los procesos de acuerdo y postacuerdo en el marco de la nueva doctrina de seguridad nacional que privilegia la mirada agresiva hacia China, Rusia, Irán y nuestros vecinos del área andina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y El Caribe, Nicaragua, El Salvador y Cuba, Colombia debe mirar con libertad al mundo y plantear iniciativas de cooperación y ayuda que beneficien la superación de las desigualdades sociales, permitan la recuperación de los bienes comunes en manos del saqueo capitalista transnacional, la recuperación de la potencialidad productiva del país para generar empleo y la integración latinoamericana en los contextos de Unasur, Mercosur y Celac.

Hay que fundar nuevas relaciones con Estados Unidos en pie de igualdad, con respeto de la soberanía de Colombia y de los pueblos de América Latina y El Caribe, sin ninguna forma de intervención militar y sin planes neocoloniales que violenten nuestra libre autodeterminación en busca soberana de la paz con justicia social.

Partido Comunista Colombiano

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